PIDEN INVESTIGAR SI RAMOS PADILLA FRENÓ UNA CAUSA CONTRA LÁZARO BÁEZ

Durante los seis meses de 2015 que Alejo Ramos Padilla estuvo al frente del juzgado federal 1 de Bahía Blanca, una causa clave para el destino judicial de Lázaro Báez estuvo virtualmente paralizada. Es la que acusa al amigo de los Kirchner de liderar una asociación ilícita fiscal junto una decena de empresarios bahienses con la cual habrían perjudicado al fisco en unos 670 millones de pesos. Y constituye el delito precedente que sustenta la acusación por lavado de dinero contra el empresario patagónico de parte del juez Sebastián Casanello. Por aquel freno al expediente, el juez federal de Dolores y miembro de Justicia Legítima ahora será investigado.

Así lo dispuso el actual titular del juzgado bahiense, Walter López Da Silva, quien desde noviembre de 2017 ocupa el cargo que subrogó Ramos Padilla en el segundo semestre de 2015. Fue cuando el Consejo de la Magistratura, con mayoría K, lo designó en junio de aquel año para reemplazar a Santiago Ulpiano Martínez, quien, dos meses antes de ser desplazado, había dispuesto una serie de medidas de prueba en la causa que involucra a Báez y su hijo Martín. Al llegar Ramos Padilla al juzgado, ninguna avanzó y a lo largo de los seis meses de su subrogancia, el expediente, abierto tras una investigación interna de la AFIP, se estancó.

Apuntaba a los grupos empresarios bahienses Ficcadenti, Pereyra y Pedraza como proveedores de facturas apócrifas a Austral Construcciones, la firma emblema de Báez, que le habrían permitido, secuencialmente, una millonaria evasión al fisco y operación de lavado. La maniobra investigada consistía en la simulación de operaciones no realizadas, ocultar sobreprecios y evadir tributos. Con la auditoría interna en ciernes, Ricardo Echegaray cerró en agosto de 2012 la oficina regional de la AFIP en Bahía Blanca y disolvió al equipo que llevaba adelante la investigación. Por esa medida, el ex administrador, que pretendió encubrirla con un conflicto gremial, fue procesado por Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan solicitó su elevación a juicio

La auditoría de la AFIP se transformó en octubre de 2014 en la causa federal 10451, y lo ocurrido en el juzgado bahiense durante el segundo semestre de 2015, habría sido un segundo paso para frenar el avance, ahora judicial, sobre Báez. Durante su subrogancia, al tiempo que el expediente casi no se movía, Ramos Padilla impulsó una doble investigación, administrativa y penal, sobre una serie de irregularidades que dijo haber encontrado al asumir de las que responsabilizó a Martínez y a algunos empleados del juzgado. La acusación penal culminó en setiembre pasado con el sobreseimiento de Martínez, quien a comienzos de este mes, asumió al frente de la fiscalía federal 2 de Bahía Blanca, tras varios meses de debate en el Senado sobre su pliego, cuestionado por organizaciones de Derechos Humanos y legisladores K, por supuestamente demorar causas de lesa humanidad.

Por otro lado, el sumario interno impulsado por Ramos Padilla tuvo un efecto boomerang. Al tiempo que lo archivó sin fijar responsabilidad para ningún empleado, el juez López Da Silva dispuso enviar las actuaciones al fiscal de turno para que determine si su par de Dolores incurrió en delitos de acción pública durante su actuación como subrogante en Bahía Blanca. Algunos empleados del juzgado relataron presuntos malos tratos y actos de coacción moral y violencia psicológica, que atribuyeron a colaboradores de Ramos Padilla, muchos ajenos al ámbito judicial bahiense. En igual lapso, mientras el sumario interno acumuló 1113 fojas, la causa por facturas apócrifas sumó apenas 73.

Durante gran parte de la gestión, el juez habría mantenido delegado el expediente de las facturas apócrifas en su juzgado, lo que le impidió a la fiscalía avanzar con la instrucción. Le concedió la eximición de prisión a dos de los imputados, con cuyo abogado se había reunido el mismo día que asumió y acumuló una causa por evasión tributaria simple y agravada, por lo cual dispuso dos indagatorias que no se realizaron. Tras la renuncia de Ramos Padilla a la subrogancia, el 31 de diciembre de 2015, el juzgado siguió con otros jueces suplentes que tampoco aceleraron la investigación. Recién con la asunción de López Da Silva, en noviembre del año pasado, el expediente tomó velocidad. En agosto, fueron indagados Lázaro y Martín Báez, una decena de empresarios bahienses y un contador y un financista vinculados con Juan Suris. Antes de fin de año, podría resolverse su situación procesal.

Fuente: Clarín.

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