JUECES PENALES INDIGNADOS POR LA MARCHA “CONTRA LA JUSTICIA INDEPENDIENTE”

La red de Jueces Penales presentó un escrito en contra del pedido de la elección de jueces, en el marco de la marcha por el femicidio de Lucía Pérez.

El escrito presentado fue el siguiente:

JUECES INDEPENDIENTES PARA PRESERVAR

LA LEGALIDAD Y LA PAZ EN LA REPUBLICA

Ante la convocatoria realizada por el Congreso Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), a un paro de actividades para el día de la fecha, en adhesión a las medidas dispuestas por la Asamblea de Mujeres en repudio al fallo dictado, tras el juicio oral y público, por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, en la causa que tuvo como víctima a la menor Lucía Pérez, La Red de Jueces Penales.

de la Provincia de Buenos Aires quiere expresar:

1°) Que la proclama de tal convocatoria: Paramos: en contra de la Justicia Patriarcal, por el Jury de los Magistrados del TOC 1 de Mar del Plata y por la Revocatoria del Fallo, no guarda relación con ningún reclamo de índole laboral, ni reivindicación sindical. En cambio, se utiliza una medida de fuerza para que un fallo dictado en primera instancia sea revocado por un tribunal superior y, a la vez, para que los jueces sentenciantes sean removidos de sus cargos lo que –más que el ejercicio regular del constitucionalizado derecho de huelga– implica una clara afectación de la independencia del Poder Judicial, pilar básico y fundamental para el pleno funcionamiento del sistema republicano dentro del estado democrático de derecho. Sin esta independencia de la judicatura, por otra parte, no habrá manera de garantizar los valores de Justicia y Paz consagrados por la Constitución Nacional.

2°) Que, sin emitir juicio de valor acerca del fallo cuestionado, conviene recordar que los principios de defensa de género que se proclaman en la

Convención de Belén do Pará (ley 24.632), deben compatibilizarse con los derechos fundamentales de los justiciables, es decir, tanto con el principio de inocencia, como con el de la carga da la prueba a cargo de la acusación, establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos (ley 23.054, arts. 8.1, 8.2 y cctes.) y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ley 23.313, arts. 14.1, 14.2 y cctes.), los tres con igual rango constitucional (CN, 31 y 75 inc., 22). De tal modo, la introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico de los casos que tienen como víctimas a mujeres, debe hacerse en completa armonía con el resto de los derechos y garantías constitucionales, sin sacrificar unos en favor de los otros, o sea, que para condenar judicialmente a un acusado –incluso a quien se le atribuye el delito de femicidio– se debe acreditar, a través de pruebas certeras, no sólo la materialidad del crimen, sino también la autoría responsable del imputado.

3°) Que, por las razones expuestas, rechazamos el aludido modo de presión por parte de quienes, además, conocen el funcionamiento del sistema recursivo en el proceso penal bonaerense y, en fin, pedimos a las autoridades públicas que se actúe para garantizar la plena independencia del Poder Judicial.

LA RED DE JUECES PENALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Plata, 5 de diciembre de 2018.

Adriana L. Nanni María Claudia Castro

Presidente Vicepresidente

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