VACUNATORIO VIP: INVESTIGAN LLAMADAS DE LA MINISTRA CARLA VIZZOTTI

La ministra de Salud no está aún imputada en el expediente, pero el fiscal Taiano analiza su rol y pidió hacer un estudio del cruce de llamados.

La investigación por el llamado “Vacunatorio Vip” avanza ahora en la figura de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien fue la número 2 de la cartera cuando estuvo en manos de Ginés González García, desplazado de su puesto precisamente cuando saltó a la luz que allegados y amigos del poder habían accedido a una dosis de la aplicación contra el Covid-19 cuando esa chance estaba vedada para la mayoría de los argentinos.

El fiscal Eduardo Taiano, que tiene ahora delegada la investigación, le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti una serie de medidas de prueba para esclarecer el rol de la funcionaria. Por eso fue incluida en el análisis de los cruces de llamadas que ya está en marcha sobre los otros implicados en el expediente. La medida se dispuso hace un par de semana, pero recién trascendió en las últimas horas.

De acuerdo a la acusación, “teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la investigación, este Ministerio Público Fiscal no puede descartar la participación de Carla Vizzotti, Mauricio Monsalvo (subsecretario de gestión administrativa), Martín Horacio Sabignoso (secretario de equidad en salud) y Arnaldo Darío Medina (secretario de calidad en Salud), por cuanto habrían tenido algún tipo de implicancia (directa o indirecta) en la distribución, control y manejo de aquellas vacunas contra el Covid-19 que debían asignarse y suministrarse” solo a ciertos personas: profesionales de la salud, mayores de 60 años y/o pacientes de riesgo y personal estratégico.

Fuentes judiciales aclararon que Vizzotti sigue sin ser imputada en el expediente. No obstante confirmaron la investigación que apunta a esclarecer su rol en este escándalo.

Los padres de Vizzotti, Carlos Alberto Vizzotti, médico retirado de 77 años, y su esposa Silvia Manteca Acosta, ama de casa de 74, habían recibido la vacuna el 18 de febrero en una escuela de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. Fue justo un día antes que estallara el escándalo conocido como “Vacunatorio VIP”. Ambos fueron denunciados y la jueza Capuchetti remitió la denuncia a la justicia federal de San Martín, pero el caso regresó a Comodoro Py. Y fue precisamente el capítulo de los padres de Vizzotti lo que fijó quienes serían los jueces que, en agosto, decidirían ordenar que esta causa no podía cerrarse.

La causa se inició en febrero pasado. Fue luego de que -según consta en la resolución- el periodista Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido el día anterior a vacunarse al ministerio de Salud, tras un llamado al ex ministro González García. Aquellas declaraciones implicaron la apertura de la investigación penal para esclarecer si “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos” fueron inoculadas en el Posadas, en el ministerio de Salud e incluso en sus domicilios particulares.

Los imputados en marzo pasado por el fiscal del caso Eduardo Taiano fueron el ex ministro González García y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. También se imputó a a Alejandro Collia y Marcelo Guillé. Guillé fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al ministerio de Salud. En tanto, Collia, que era funcionario de González García, continúa -en la gestión de Carla Vizzotti– como subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación.

El 8 de julio pasado, Capuchetti decidió archivar parcial del caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Y entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. Con ese argumento, la jueza había decidido archivar la investigación sobre 65 de las 70 personas que integraban la lista hecha por el gobierno de los que recibieron dosis de la Sputnik V cuando no había una convocatoria abierta.

“La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los limites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia penal”, había dicho la jueza.

La resolución de Capuchetti no fue apelada por el fiscal Taiano. En cambio sí apeló la decisión el fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la PIA, la unidad de la Procuración General de la Nación especializada en casos de corrupción. La apelación de Rodríguez recibió el respaldo de José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal quien también había solicitado que se profundice la investigación por el Vacunatorio VIP.

El 30 de agosto pasado, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada No solo dispuso que la jueza debía profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron esa posibilidad sino también que investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus. A la vez, incluyeron saber qué pasó con las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate. Conocida la decisión, la jueza delegó la investigación en el fiscal Taiano.

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